lunes, 10 de septiembre de 2012

Un tercio de las bajas por contingencias comunes es fraudulenta

Revisando información sobre el tema del absentismo que se hubiese publicado en los últimos meses, cosa que hago por haber adquirido ciertos compromisos profesionales, encuentro este artículo del diario ABC del 17 de julio de este año 2012, con el título "Una de cada tres bajas médicas de los empleados públicos es fraudulenta" y que ofrece datos muy interesantes sobre qué hay de cierto en eso del elevado nivel de fraude en la incapacidad temporal por contingencias comunes:

El Gobierno de Mariano Rajoy está dispuesto a poner coto al fraude que se ha detectado entre algunos empleados públicos en una de las prácticas más extendidas, como son las bajas médicas. El Real Decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros quiere erradicar una de las causas más frecuentes que utilizan los trabajadores para no ir a trabajar y, por ello, ha decidido homogeneizar el Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios con el de los trabajadores del sector privado. Una medida que le permitirá ahorrar 426 millones de euros. La razón principal que la justifica es que una de cada tres bajas médicas de funcionarios es fraudulenta, según los datos a los que ha tenido acceso ABC.

Los controles para detectar este fraude comenzaron a realizarse el 1 de julio de 2010, a través de Muface y en colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El objetivo era hacer un seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, como son las bajas médicas de los funcionarios que tengan una duración superior a veinte días.

Controles

De los 20.316 reconocimientos practicados, solo en 12.554 se mantuvo la situación de incapacidad, suponiendo un 61,79 por ciento. En un 50,01 por ciento de los casos examinados se recomendó el inicio del procedimiento de jubilación por incapacidad permanente para el servicio.

Uno de los datos más destacados del resultado es que uno de cada cinco trabajadores, el 19.04 por ciento, que pasaron el reconocimiento recibió el alta médica y se tuvo que incorporar al trabajo al día siguiente. Además, otro 14 por ciento de los mutualistas no compareció a la cita fijada. Ello supone que uno de cada tres reconocimientos efectuados tuvo como resultado el alta médica o la incomparecencia del interesado.

Este estudio también ha detectado que en aquellos periodos que coinciden con días festivos o vacaciones, el número de procesos de incapacidad temporal es sensiblemente inferior al resto del año. Así, si en el mes de marzo de 2011 se produjeron 11.051 bajas y en octubre otras 11.969, en julio disminuyó hasta las 2.547 y en agosto a 2.917. En diciembre se contabilizaron 4.133, muy por debajo de la media, y en abril, que el año pasado coincidió con la Semana Santa, fueron 7.772.

Como consecuencia de esta disminución de las bajas, el pago de los subsidios por incapacidad temporal también cayó antes de los meses de vacaciones, ya que al producirse el alta se cobra íntegramente la retribución. Estos datos indican la existencia de una bolsa de absentismo irregular por incapacidad temporal por la plenitud retributiva de la que gozan los mutualistas del Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios. Los trabajadores de la empresa privada, al estar encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, ven reducidas sus retribuciones durante los veinte primeros días de enfermedad.

http://goo.gl/uAvfO

Esta cifra de un 30-35% de bajas fraudulentas es la que me he estado encontrando en todas las lecturas que he venido haciendo este último par de meses, se me hace un porcentaje enorme.

Por el otra parte desde la visión puramente sindical no hay absentismo laboral, la culpa la tienen las condiciones de trabajo a las que se ven sometidos los trabajadores, estoy de acuerdo en que la mejora de las condiciones de trabajo ayuda a reducir el absentismo pero también me planteo si realmente es suficiente dadas las dimensiones del problema.

Por otra parte, ¿de verdad que son tan tremendas las condiciones de trabajo de los funcionarios españoles?, además hay que tener en cuenta que el seguimiento de la incapacidad temporal que hacen Muface y el INSS tiene, como casi todo en la Administración Pública, el problema de que se es juez y parte, en mi opinión se debería haber dejado ese estudio en manos de una empresa privada externa especializada, igual hasta extranjera.

Así pues parece que la solución a un problema de más de 400 millones de euros que pagamos todos estaría en la reforma del régimen especial de la seguridad social de los funcionarios que, desgraciadamente, ha estado incentivando este problema y en un giro a cómo y cuándo se actua en el control de las incapacidades temporales por contingencias comunes.


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